Por GlobalPorts
Un dictamen del organismo que conduce Walter Correa declaró “inaplicable” en la provincia el cambio introducido por el Decreto 37/2025, que establecía la optatividad en la contratación de serenos. Siconara celebró la decisión y pidió que otras provincias adopten medidas similares.
En los puertos de la Provincia de Buenos Aires, la figura de los serenos de buques continuará vigente como parte del esquema operativo y de control. Así lo estableció un dictamen del Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, que consideró inaplicable en jurisdicción provincial la “optatividad” que el Gobierno nacional había impulsado para la contratación de estos trabajadores, a partir de la reforma normativa dispuesta por el Decreto 37/2025.
La decisión provincial se recorta como un capítulo significativo dentro del proceso de desregulación que el Ejecutivo nacional viene promoviendo sobre el régimen de navegación, ya que frena en los puertos bonaerenses uno de los puntos más discutidos del nuevo marco: la eliminación de la obligatoriedad de contratar serenos, un rol históricamente asociado a la seguridad y vigilancia en buques amarrados y en áreas operativas sensibles dentro de cada terminal.
Desde el Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Siconara), celebraron la medida y remarcaron su alcance: “Esta decisión implica la defensa de puestos de trabajo vitales para la protección de nuestros puertos y de nuestra soberanía”, sostuvieron en un comunicado difundido tras conocerse el dictamen.
El eje del conflicto: qué cambia el Decreto 37/2025
El debate se origina en la modificación introducida por el Decreto 37/2025, que actualizó el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE). Entre sus cambios, el texto incorporó la optatividad de la contratación de serenos, es decir, dejó de considerarla obligatoria para los buques, trasladando esa decisión al criterio de las empresas y operadores.
Para el sector sindical, esta modificación abre la puerta a una reducción inmediata de contrataciones y, por extensión, a una pérdida de presencia humana en tareas de vigilancia y control que forman parte de los usos operativos tradicionales de múltiples puertos argentinos.
En ese marco, la disputa no se limita a la dimensión laboral: también se proyecta sobre el terreno de la seguridad portuaria, el funcionamiento cotidiano de terminales y el equilibrio entre las normas federales y las potestades provinciales en materia de explotación portuaria.}
La respuesta bonaerense: “inaplicable” en puertos de la provincia
A partir de una presentación formal del gremio, el Ministerio de Trabajo bonaerense resolvió que ese cambio normativo es inaplicable en los puertos de la Provincia de Buenos Aires, ratificando la continuidad del rol en la operatoria local.
En términos concretos, el dictamen sostiene que el esquema de optatividad dispuesto a nivel nacional no puede trasladarse automáticamente al ámbito de jurisdicción provincial, habilitando a la provincia a sostener sus propias condiciones de funcionamiento, especialmente cuando se argumenta la protección del empleo y de la seguridad integral en zonas portuarias.
Para Siconara, este punto resulta central: según el sindicato, la potestad de reglamentar condiciones relacionadas con el uso y la explotación de los puertos corresponde a cada provincia, y bajo esa premisa plantearon “la necesidad de continuar con la contratación de los serenos de buques, conforme las prácticas de la actividad, sus usos y costumbres, para el cumplimiento de sus esenciales funciones habituales”, con el objetivo de proteger la seguridad del trabajo en áreas operativas bonaerenses.
En su fundamentación, el gremio también sostuvo que la eliminación de estos puestos “desprotege la seguridad, la salud, el ambiente, como también el trabajo de los bonaerenses”, y que el cambio nacional resultaría contradictorio con disposiciones específicas de la Constitución provincial que garantizan principios de protección laboral y regulatoria.
Un mensaje al resto del país: presión para que otras provincias actúen
Tras obtener el dictamen favorable en Buenos Aires, Siconara completó el anuncio con una señal política clara hacia el sistema portuario federal.
“Instamos a todas las provincias con litoral fluvial y marítimo a que procedan de la misma forma para continuar defendiendo nuestra Marina Mercante y sus trabajadores”, concluyó el gremio, proponiendo un camino de respuesta coordinada para impedir que la desregulación nacional se traduzca, en cada jurisdicción, en pérdida de empleos y debilitamiento de controles operativos.
Este llamado es relevante porque podría derivar en un escenario de reglas diferenciadas según provincia: mientras Buenos Aires consolida la vigencia del rol de serenos, otras jurisdicciones podrían quedar bajo el esquema de optatividad si no adoptan medidas similares.
Seguridad portuaria, costos operativos y federalismo: lo que se juega detrás del dictamen
Más allá del impacto inmediato en el empleo, la resolución bonaerense expone un punto que el sector logístico observa con atención: la posibilidad de que el proceso de desregulación derive en asimetrías operativas entre puertos argentinos.
Si la contratación de serenos permanece obligatoria en Buenos Aires pero no en otras provincias, podrían abrirse interrogantes sobre:
- estándares mínimos de seguridad y vigilancia entre terminales,
- diferencias de costos y procedimientos según jurisdicción,
- y eventuales tensiones entre el marco federal y las potestades provinciales, especialmente si operadores o actores nacionales buscan uniformidad normativa.
En un sistema portuario donde los buques rotan entre múltiples puertos y jurisdicciones, la convivencia de reglas distintas no es un detalle menor: puede afectar tanto la coordinación institucional como las prácticas operativas, además de reconfigurar el debate sobre qué se entiende por “eficiencia” cuando se evalúa el equilibrio entre reducción de costos y control efectivo en zonas sensibles.
Una decisión con peso político y operativo
La decisión del Ministerio de Trabajo bonaerense introduce, en los hechos, un límite concreto a la desregulación nacional dentro de la principal provincia portuaria del país. Y lo hace en un área donde el debate no se reduce a una discusión laboral, sino que se enlaza con el funcionamiento de los puertos, la seguridad en muelles, y el rol del Estado en actividades estratégicas.
En un contexto donde la navegación y la logística atraviesan un reordenamiento normativo, el caso de los serenos anticipa que el proceso no será lineal: la implementación real de los cambios dependerá, en parte, de cómo reaccionen las provincias y de qué criterios adopten los distintos niveles del Estado para regular una actividad cuya importancia excede lo operativo y se proyecta directamente sobre la seguridad y la soberanía logística del país.
FUENTE: GLOBALPORTS
16-01